Antonio Casado Alonso
AL GRANO
EL CONFIDENCIAL.COM
En vísperas de su encuentro con los agentes sociales (patronal y sindicatos), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado, mirando a Bruselas, que no tiene la menor intención de modificar la reforma laboral. La carga de la frase está en la explicación: “Estamos satisfechos de cómo ha funcionado”. Lo que parece un desplante a los jerarcas europeos, que le vienen sugiriendo una vuelta de tuerca más a la flexibilización del mercado de trabajo, se convierte en un insulto a los seis millones de trabajadores españoles en paro.
¿Qué sentido tiene presumir de una reforma laboral con la que se han destruido más de un millón de empleos y la previsión del propio Gobierno es la de acabar la legislatura con más paro del que había cuando el PP ganó las elecciones de noviembre de 2011?
Una visión diametralmente opuesta a la de los representantes sindicales, que acudirán mañana a Moncloa con escasas esperanzas de entenderse con un Gobierno y una patronal convencidos de que, efectivamente como creen en Bruselas, todavía se puede ir más allá en una reforma laboral aún con ciertas rigideces en materia de contratación y negociación. Por no hablar del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, donde también se está fraguando un nuevo sacrificio de las clases pasivas en nombre de las reformas estructurales invocadas a todas horas por el presidente del Gobierno.
No son buenos tiempos para ejercer la representación de los trabajadores. Tal y como están las cosas, apenas puede rebasar el ámbito de lo declamatorio pedirle al Gobierno que lidere un gran pacto para implicar a toda la sociedad en la batalla por superar la situación de emergencia nacional que vive un país agobiado por la recesión, el paro, la pobreza y el desaliento de la ciudadanía. La reacción del Gobierno ante el ofrecimiento sindical, públicamente formulado por Fernández Toxo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT) con motivo del reciente Día Internacional del Trabajo, ha sido tan fría y tan distante como la dedicada al plan del PSOE para la reactivación de la economía y el empleo. Y no hay ningún signo previo de que el encuentro de mañana en Moncloa vaya a alterar el discurso oficial. Consiste en buscar adhesiones al Plan Nacional de Reformas aprobado el pasado 26 de abril y ya remitido a Bruselas.
Como ya anticipó la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 3 de mayo, en realidad no se trata de ir hacia un gran pacto del Ejecutivo con los agentes sociales. Como mucho, de “acercar posiciones entre todos”. De lo que se trata, vino a decir la número dos del Gobierno, es de hacer balance de la política económico-social que está llevando a cabo el Ejecutivo y analizar conjuntamente con sindicatos y patronal el impacto de las distintas medidas adoptadas en los planes de saneamiento del sistema productivo a fin de que, más pronto que tarde, la economía pueda empezar a crecer sobre bases sanas y, por tanto, a crear empleo. Lo dicho: vísperas de nada.
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