jueves, 16 de mayo de 2013

Ruido de ‘barones’ en el PP: síntoma de crisis institucional

Antonio Casado
AL GRANO
EL CONFIDENCIAL.COM

Hay ruido de ‘barones’ en el PP a causa de la geometría variable anunciada por el ministro Cristobal Montoro respecto a la consolidación fiscal en las comunidades autónomas. La doctrina oficial habla de trato diferenciado, a imagen y semejanza de la que aplica Bruselas a los diferentes países de la UE. El debate ha brotado sobre la documentada sospecha del trato deferente a Cataluña como freno al proyecto soberanista de Artur Mas. Un quebradero de cabeza más para Mariano Rajoy. Pero, sobre todo, una prueba de la crisis institucional que, unida a la económica y la política, vienen denunciando las encuestas y los movimientos sociales. Al menos en lo verbal nunca hubo tanta distancia ni fue tan desapacible el contraste de posiciones entre el Gobierno de la Nación, como gestor del todo, y los presidentes autonómicos, como gestores de las respectivas partes.

El síntoma no lo frena ni la pertenencia al mismo partido político. Y tampoco parece haber servido de nada el llamamiento de Rajoy a sus ‘barones’ para que sean generosos y no se tiren los trastos a la cabeza. Algunos analistas detectan una significativa tendencia a trabajarse su propia causa electoral y desengancharse de la del jefe, que ha sufrido serios desperfectos. Sería muy prematuro (aún faltan dos años hasta las elecciones municipales y autonómicas) y, al menos de momento, llevarían las de perder.

No es deseable que la rebelión preventiva de los ‘barones’ (hasta después del día 29 no será definitivo el calendario europeo de lucha contra el déficit público para 2013 y sucesivos) provoque un conflicto institucional. Pero están cargados de razón quienes se malician de que el Gobierno ha concertado bilateralmente con Cataluña un techo de déficit más llevadero (por encima del -1,2% previsto de media para las comunidades autónomas en 2013) y, en consecuencia, reclaman un objetivo simétrico e igual para las diecisiete comunidades.
Simetría en los objetivos y asimetría en los calendarios, como ocurre en la UE. Esa es la doctrina oficial. Lo que pasa es que es sobrevenida. Se contradice con la defendida por el Gobierno en sus inicios (finales de 2011). Entonces aplicó la igualdad a todas las comunidades, pero no todas se esforzaron igualmente. Unas cumplieron y otras no. Entre las incumplidoras está Cataluña, casualmente embarcada por sus gobernantes en un proceso independentista. Tendría un incómodo encaje mental un trato de privilegio en el reparto de los sacrificios exigidos por el equilibrio presupuestario que impone la Constitución Española. Sería como si el Gobierno de la Nación financiase la pretensión de quienes rechazan esa Constitución y quieren salirse de España (me refiero al nacionalismo gobernante, obviamente).

Si se relaja el objetivo de lucha contra el déficit en determinada comunidad, otras han de hacer un sobreesfuerzo compensatorio. Es lógico que ninguna de ellas quiera ser pagana en la asignación de tareas. Y mucho menos las comunidades que se esforzaron en hacer los deberes. Salvo que el trato bilateralmente concertado para Cataluña se generalice multilateralmente en las demás. O se aplique la fórmula de la “discriminación positiva” propuesta por el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, que es la que tiene más posibilidades de prosperar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se afrontará la cuestión.

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