Saludable implicación de la Fiscalía en el caso Bárcenas

                                                               Antonio Casado

AL GRANO

EL CONFIDENCIAL.COM

Las entregas verbales en torno a la contabilidad paralela del PP se agotan en sí mismas. Por eso, el arriba firmante celebraba el otro día la entrada en escena de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Así disponen los ciudadanos de asideros donde apoyarse sin perderse en juegos de palabras. Es muy de agradecer que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, haya comprometido el prestigio de una institución obligada a promover la acción de la justicia en defensa del “interés público tutelado por la ley”.

Los indicios le obligan a ordenar la investigación del caso de las listas, por si se desprendiera la comisión de algún delito, incluido el de la publicación de documentos falsos. “No creo que haya nadie a estas alturas que no desee que estos hechos se esclarezcan por el bien de todos los implicados, el propio Estado de Derecho y la necesidad de que exista una confianza en la Administración de Justicia y en la clase política”, dijo ayer. Es un significativo pronunciamiento, si tenemos en cuenta que está formulado después de conocerse las declaraciones prestadas ante la Fiscalía Anticorrupción por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que niega la existencia de las cuentas secretas, y por el exdiputado, Jorge Trías, que dice haberlas conocido porque el propio Bárcenas se las enseñó en su día y ahora las ha redescubierto en las páginas del diario El País.

He ahí uno de los tres asuntos centrales: saber si la procedencia de esos ingresos es lícita, a la luz de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Los otros dos deben verse a la luz del Código Penal y la normativa legal en materia de contratación pública

Como se ve, una verdadera comedia de enredo donde todo es parcialmente verdadero y, por tanto, parcialmente falso. Y no me refiero a la caligrafía, que en realidad es asunto colateral, sino a los asientos consignados en las famosas listas. Ya tenemos al menos una docena de testimonios que acreditan su veracidad en el capítulo de los pagos (salidas). Pero ninguno que la acredite en el capítulo de los cobros (entradas), aunque en las listas publicadas se recojan donaciones de empresas para una supuesta financiación del partido. Eso ya es entrar en materia.

He ahí uno de los tres asuntos centrales: saber si la procedencia de esos ingresos es lícita, a la luz de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Los otros dos deben verse a la luz del Código Penal y la normativa legal en materia de contratación pública. Los españoles quieren saber si esas donaciones se recibían a modo de peaje por la carga de trabajo contratada con administraciones gobernadas por el PP. Y, en qué medida, una parte de esas donaciones iba a parar al bolsillo privado de Luís Bárcenas y otros. Lo cual nos mete de lleno en el caso Gürtel, donde Correa y Bárcenas aparecen como las dos caras de una misma moneda. A diferencia del escándalo de las listas, que se parece cada vez más a una comedia de enredo, aquí la sospecha (blanqueo, fraude fiscal, cohecho…) ya está judicializada y también nos remite al normal funcionamiento de las instituciones comprometidas en la lucha contra el delito y el incumplimiento de las leyes.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, instructor del caso, ha citado para el próximo día 25 a Bárcenas en relación con sus cuentas opacas en Suiza. Y al tiempo ha reclamado información de la temida Agencia Tributaria (los inspectores están deseando colaborar con el juez) por saber si él y otros imputados en el caso Gürtel pueden haberse acogido a la benevolencia fiscal decretada por el Gobierno Rajoy para los grandes defraudadores. Todo eso me parece mucho más relevante que la controversia sobre la caligrafía de Luis Bárcenas.