La nueva Batasuna reclama una Policía de brazos caídos

Antonio Casado Alonso

AL GRANO

EL CONFIDENCIAL.COM

El sueño de la razón nacionalista “produce monstruos”. ¿Sueño y razón? Exactamente, un casamiento imposible. Y por eso produce monstruos, conceptos aberrantes y peticiones absurdas, como la dirigida ayer por la mañana al Ministerio del Interior con remite de Amaiur, la formación política continuadora de Batasuna en las Cortes Generales (Congreso y Senado). La carta, desvelada por El Confidencial, va firmada por uno de los siete diputados de la mencionada formación abertzale, Iker Urbina.

Consiste la petición en que los dos terroristas detenidos por la Guardia Civil no sean tratados como terroristas. De entrada, que no pasen el molesto trámite de prestar declaración. Y luego, que sean puestos inmediatamente a disposición judicial, sin agotar el plazo legal de cinco días otorgado a las Fuerzas de Seguridad del Estado en casos de terrorismo. Equivale a reclamar de los cuerpos policiales una actitud de brazos caídos ante conductas descritas como delitos en el Código Penal. Qué disparate.

¿En nombre de qué? Al parecer, en nombre de la desconfianza que los amigos políticos de ETA han desarrollado respecto a la figura de la 'prisión incomunicada', un instrumento legal al servicio de los procesos indagatorios de la Policía y la Guardia Civil. Amaiur se remite a la jurisprudencia internacional sobre el trato a los detenidos por terrorismo. Sin embargo, como muy bien se explicaba ayer en la excelente información de José María Olmo, ninguna de las resoluciones o sentencias mencionadas “limitan en ningún caso el periodo de detención policial, y menos aún lo eliminan, como pretende Amaiur

Como es lógico, no hay respuesta ministerial a la carta. Ni tiene por qué haberla. Sólo faltaba eso. Pero tampoco está de más recordar sus dos coordenadas de actuación. Una, el estricto cumplimiento de la ley. Otra, la memoria de los 857 asesinatos en la cuenta de una banda terrorista de cuya disolución aún no tenemos noticia. El apagón de ambas sería el efecto tóxico de una eventual conducta prevaricadora por parte de quienes tienen la obligación de perseguir el delito y poner a los delincuentes a disposición judicial en tiempo y forma señalados en las leyes. En las leyes, ojo, y no en las cartas dirigidas por los amigos políticos de ETA al Ministerio del Interior.

En todo caso, por la carta de Amaiur sabemos que sobre los dos detenidos por la Guardia Civil, Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu, miembros de un comando legal de ETA, pesa la presunta responsabilidad directa en cuatro atentados terroristas durante 2002. Dos con coche-bomba: uno en la Universidad de Navarra y otro en El Corte Inglés de Zaragoza. Además, se les acusa de haber atacado con explosivos dos empresas navarras en las localidades de Arguedas y Azagra.

Personalmente creo que en estos momentos saben más de ETA los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia del Estado que los propios etarras. Pero, por si acaso, son aquellos quienes deben decidir si los etarras detenidos, antes de pasar a disposición judicial, son o no son una buena fuente de información que nos ayude a acabar definitivamente con esta lacra.