La infanta Cristina deja a Hacienda por falsaria… ¿o es al revés?

Antonio Casado

AL GRANO

 EL CONFIDENCIAL.COM

Si no está mintiendo la Agencia Tributaria, está mintiendo la infanta Cristina. O al revés. Si no es verdad que la hija del Rey vendió esas supuestas propiedades, los inspectores fiscales de la delegación catalana que firmaron el informe remitido al juez han metido la pata hasta el corvejón. Eso en el mejor de los casos, es decir, sólo en el supuesto de un error técnico, por desidia o mala información. La cosa puede ser más grave si estamos ante una maniobra cocinada.

Esta última hipótesis es la del enredo por elevación. Era la más extendida a última hora de la tarde de ayer. Para perjudicar a la Infanta, que quedaría como una mentirosa si los datos del informe son correctos. O para beneficiarla, si el presunto fiasco de la AT se convirtiese en causa de nulidad de actuaciones. Es decir, un pre-cocinado tóxico de alcance institucional, pues el asunto afecta a la Casa del Rey y al Ministerio de Hacienda en primer grado, pero el juez instructor del caso Nóos (pieza separada número 25) y la Fiscalía no pueden alegar que pasaban por allí

. En cualquiera de los casos, el culebrón está más que garantizado. El escándalo va a ser inevitable porque Hacienda ha puesto a los pies de los caballos a un miembro de la Casa Real y un miembro de la Casa Real ha hecho lo propio con Hacienda. Una de las dos partes va a quedar en ridículo en las próximas horas. Las que tarde el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, en ofrecer las explicaciones prometidas. Por sí mismo o mediante una explicación pública de la Agencia Tributaria. “En la medida que se haya podido cometer algún tipo de error”, según declaró ayer en Santander.

Un error o un delito. La falsedad en documento, por ejemplo, no es ningún error. Y, la verdad, cuesta mucho creer que han caído del cielo los datos obrantes en un informe fiscal, requerido en su día por el juez, con fechas y lugares muy concretos, números de referencia catastral, nombres y apellidos de supuestos compradores, domicilios tributarios de los actores, cuantía exacta de las transacciones dinerarias, etcétera.

Por ese lado, el juez instructor del caso, José Castro, lo tiene muy fácil. Ayer se limitó a firmar una resolución recabando los correspondientes informes a los registradores de la propiedad de los lugares donde se encuentran las fincas supuestamente vendidas por la infanta Cristina (provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona). Y en cuanto a la Fiscalía General del Estado, su máximo responsable, Eduardo Torres-Dulce, dijo ayer que está a la espera de escuchar a la Fiscalía Anticorrupción por si del informe de la Agencia Tributaria se pudiera desprender algún comportamiento delictivo. Por la parte de la infanta Cristina o por la parte de la Hacienda Pública. En cualquiera de los dos casos, el escándalo ya es inevitable. Quedamos atentos a la pantalla.