Solemne e inútil declaración de soberanía en el ‘Parlament’

                                                                Antonio Casado Alonso

AL GRANO

EL CONFIDENCIAL

Hoy se declama en el Parlament la soberanía de Cataluña. He aquí la almendra del texto que se somete a votación: “El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Y sobre ese principio se acuerda “iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo”. Con esa literalidad los diputados Jordi Turull (CiU) y Marta Rovira (ERC) depositaron ayer por la mañana la propuesta en el Registro General de la Cámara (entrada número 1011).

Ni una referencia al derecho de autodeterminación, que no tiene cabida en un Estado “legítimamente constituido”. Un derecho perfectamente descrito en el pensamiento político y el Derecho Internacional. Afecta a los territorios colonizados y a los pueblos oprimidos, según la doctrina de la ONU. Fue el concepto utilizado hace ocho años por el nacionalismo vasco en el llamado Plan Ibarretxe, que se estrelló en el Congreso de los Diputados. Y aun así, el Parlamento de Cataluña, de forma tan solemne como inútil, se ha pronunciado a favor del derecho de autodeterminación en cuatro ocasiones.

El problema no es reclamar el derecho a decidir, que nadie niega a los catalanes, sino vincularlo a la soberanía como antesala a la reclamación de un Estado propio, por la misma razón que nadie se pelea por entrar un restaurante si no es para comerTodo eso explica que en esta ofensiva secesionista, liderada por Artur Mas después de su patinazo en las urnas del 25-N, ya no se habla de derecho de autodeterminación sino de “derecho a decidir”. Nada que objetar. Lo reconoce el Estado y lo ejercen los españoles para la formación de la voluntad popular en régimen de democracia representativa, a escala nacional, autonómica y municipal. Con normalidad vienen disponiendo de ese derecho desde 1978 los catalanes, los murcianos, los leoneses, los vascos, los andaluces, los gallegos, los canarios, etc. El problema no es reclamar el derecho a decidir, que nadie niega a los catalanes, sino vincularlo a la soberanía como antesala a la reclamación de un Estado propio, por la misma razón que nadie se pelea por entrar un restaurante si no es para comer.

Es una violación de la legalidad perpetrada por una institución del Estado. A eso equivale declarar unilateralmente que el pueblo de Cataluña tiene carácter de “sujeto político y jurídico soberano”. Se está intentando la suplantación del titular de la soberanía nacional: el pueblo español. No lo puede permitir el Gobierno, ni las Cortes Generales, ni los tribunales, que son las instituciones que representan a los tres poderes del Estado. De modo que esta declaración de soberanía saldrá hoy adelante de forma tan solemne como inútil, lo mismo que las anteriores resoluciones a favor del derecho de autodeterminación.

La persecución de la quimera continúa, apadrinada por los nacionalistas de derechas (CiU), los nacionalistas de izquierda (ERC) y la izquierda ecológica de Joan Herrera (ICV). Es decir, se descuelgan los socialistas catalanes de Pere Navarro (PSC) y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se quita, por ahora, un peso de encima.  El PSC propone un texto alternativo que se limita a hablar del derecho a decidir dentro de la legalidad, lo que equivale a rechazar cualquier concepto de “soberanía” que no sea el contemplado en el artículo primero de la Constitución Española. A saber: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.