Rajoy y Cospedal no alejan la sombra de la sospecha

                                                                 Antonio Casado Alonso

AL GRANO

EL CONFIDENCIAL.COM

Las medidas adoptadas por la dirección del PP para frenar el caso Bárcenas no nos sacarán de dudas mientas no conozcamos el resultado de una de ellas: la revisión interna y externa de las cuentas. Eso necesita tiempo y método. Si el trabajo fiscalizador de la auditora privada solo afecta a los documentos que le pongan en la mano, y no los que solicite, seguiremos en las mismas. Y tampoco tiene mucho sentido anunciar querellas contra quienes sugieran supuestos actos delictivos del partido sin esperar el resultado de la doble investigación.

Recapitulemos. La memoria acorralada de Luis Bárcenas pone en circulación, a modo de advertencia, un turbador relato que habla de gratificaciones en efectivo a ciertos cargos del partido anotadas en una contabilidad paralela. No está prohibido retribuir o ser retribuido en metálico, o en especie. Lo que sí está prohibido es ocultarlo a la Hacienda pública. Y en ciertas cantidades puede ser un delito (fraude fiscal). Si resulta que no existieron los sobresueldos, o que existieron pero se declararon, nada justifica el desasosiego reinante desde que Bárcenas o alguien de su entorno filtró a los medios de comunicación la historia de los sobres con dinero que la Tesorería del PP habría distribuido entre dirigentes y ejecutivos, “según su cargo y responsabilidad”, en palabras de Jorge Trías, exdiputado del partido.

En esas circunstancias la única reacción creíble de la dirección del PP es invitar a Luis Bárcenas a que haga pública la supuesta contabilidad de pagos y cobros realizados. La única. Entonces tendrá sentido su recurso a la doctrina de que “cada palo aguante su vela”, tanto por parte del repartidor como del beneficiario. Si no, será una apelación retórica tan vacía de contenido como la del jefe, Mariano Rajoy, cuando anuncia que no le temblará la mano si descubre irregularidades.

La otra gran incógnita por despejar es la procedencia del dinero. Si la fuente es legal (subvenciones oficiales por voto y escaño, donaciones nominales y otras previstas en la Ley de Financiación de Partidos) y las supuestas cantidades distribuidas en los sobres están reflejadas en la contabilidad ordinaria del PP, tampoco hay motivo para que sus dirigentes se pongan nerviosos.

Frente a quienes se malician supuestos de financiación ilegal, contemplados en algún pasaje de la instrucción del caso Gürtel (Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional), la única reacción creíble es externalizar el control de las cuentas sin que el trabajo de la auditora se atenga sólo a los papeles que quieran ponerle en la mano. De ese modo será creíble la pasión indagatoria de María Dolores de Cospedal, que dice estar dispuesta a revisar esa contabilidad “una y mil veces”, aportando por toda garantía el amor de su partido por la transparencia.

Si además de esa auditoría independiente la dirección del partido no reta seria y firmemente a Bárcenas a que, en vez de amenazar con tirar de la manta, nos haga a todos el favor de publicar la contabilidad de los dichosos sobresueldos, la beligerancia del PP contra la corrupción será tan creíble como su famoso “Código Ético” de 1993, elaborado a raíz del caso Naseiro (otro tesorero del PP) y los numerosos escándalos que empezaban a aflorar en el entorno felipista. En la exposición de motivos ya se hablaba de “la corrupción y el debilitamiento de la Democracia”. En estos términos: “El clima creado por la denuncia de constantes irregularidades en la política española reciente, derivado en una pérdida de confianza que alcanza incluso a las instituciones representativas”.

El texto tiene 20 años pero parece escrito ayer. Entre otras cosas, hay un punto expresamente dedicado a sus propios dirigentes del PP que el tesorero y senador Bárcenas se pasó por el arco del triunfo. Se refiere al “compromiso de no dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas”. Ni lo cumplió ni se lo hicieron cumplir.