Ese agobiante síndrome de la corrupción que nos invade

                                                               Antonio Casado

AL GRANO

EL CONFIDENCIAL

Policías, jueces y fiscales son cada vez menos indulgentes con los depredadores de la caja común. Y los españoles en general, no digamos. Es lógico. Queda dicho que las malas prácticas y las conductas poco ejemplares de los servidores públicos y clases dirigentes provocan náuseas en una ciudadanía castigada por los sacrificios impuestos en la lucha contra la crisis económica. El síndrome está arrasando de un tiempo a esta parte. Pone al Rey en riesgo de convertirse en un juguete roto y lleva la corrupción al cuarto puesto de las preocupaciones nacionales. Más dolores de cabeza en la España del paro, la recesión, la desigualdad y la pobreza.

Los nombres de Urdangarín, Pujol, González, Bárcenas, Pallerols, Guerrero (ERE), Baltar, Corinna (amiga del Rey), Güemes, Rato y Aguirre vienen cosidos a una sucesión de episodios cada vez más indigestos. No siempre delictivos, eso lo dirán los jueces. En muchos casos las apariencias hacen que el ciudadano ya se ponga en lo peor. Que los hijos de Pujol sean millonarios antes de cumplir los cuarenta, que González luzca ese tren de vida con un sueldo de 4.800 euros al mes, que el virtuosismo contable de Bárcenas sea suficiente para atraer a una cuenta personal en Suiza nada menos que 22 millones de euros ajenos, que Urdangarín aproveche su parentesco con la Casa Real para desviar dinero público a su bolsillo privado (por supuesto, con la cooperación necesaria de los gobernantes), son motivos más que suficientes para encharcar las secciones políticas de los medios de comunicación.

Solo la sensación de impunidad que debía tener Matas explica que se pudieran hacer pagos millonarios por proyectos nunca realizados al Instituto Nóos porque detrás estaba del yerno del ReyLlevamos una temporada bien servida: Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria, Palma Arena… Demasiados nombres para la vergüenza de tenerlos que asumir como datos obstinados de una realidad: la desprotección de los ciudadanos nunca debidamente compensada por las eventuales sentencias judiciales. La víctima siempre es el españolito que busca un puesto de trabajo o, en el mejor de los casos, el que está curtido en las penalidades para llegar a fin de mes.

La corrupción es antigua como la tos, pero ahora nos enteramos. Combatirla debe ser tarea prioritaria de los Gobiernos, al margen de su color político. Los mismos policías, guardias civiles, fiscales y jueces que persiguieron la corrupción bajo mando de un Gobierno socialista siguen haciéndolo con un Gobierno del PP. Buena noticia. También lo es la arquitectura moral de Rajoy y de Rubalcaba, incompatibles con ese tipo de conductas. Ni por omisión deberían permitir las salpicaduras de comportamientos ajenos. Por eso, ayer el PP, al referirse ayer a su extesorero nacional, se debió ahorrar lo de que Luis Bárcenas “no tiene nada que ver con el partido”, en vez de enfatizar su firme compromiso de ir contra quienes aprovechan su paso por la política para asaltar los circuitos por donde circula el dinero de todos. Ahí es donde los ciudadanos esperan ver al PP y al PSOE, estén en el poder institucional o en la oposición.

Sobre todo, si están en el poder. Porque ahí pueden activar los controles administrativos. Al ser los primeros en fallar, acaban reduciendo la eficacia de los controles políticos (Parlamento) y judiciales (tribunales). Solo la sensación de impunidad que debía tener el señor Matas como presidente autonómico de Baleares explica que se pudieran hacer pagos millonarios por proyectos nunca realizados al Instituto Nóos porque detrás estaba del yerno del Rey. Por ejemplo.