La monarquía parlamentaria no tiene quien la defienda

Antonio Casado

AL GRANO

EL CONFIDENCIAL.COM

Un minuto después de que la Casa del Rey mostrase su “sorpresa” por la imputación judicial de la infanta Cristina, el Príncipe de Asturias expresaba el apoyo de la Casa Real a la Judicatura y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, echaba balones fuera. Hasta ahí ha llegado el nivel de las reacciones institucionales. Por el contrario, silencio de altura máxima en las dos instituciones directamente afectadas. Don Juan Carlos, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, ni media palabra.

Es curioso. A la espera de que se decanten algunas iniciativas de los grupos, lo cierto es que en una monarquía parlamentaria como la nuestra el Parlamento se está enterando por los medios de comunicación de lo que le está ocurriendo a la Monarquía. Y eso es anómalo, en la forma y en el fondo. Sobre todo cuando con ruido en la calle y sordina en los medios políticos, todo el mundo habla del desprestigio de la Corona, el daño para la ‘Marca España’ y el incierto futuro de la Monarquía.

En tiempos de tribulación es cuando se espera que el gobernante ejerza la capacidad de liderazgo que, como a los soldados el valor, se le supone. Y en un régimen de opinión pública como el nuestro debería ser el presidente del Gobierno quien saliera al paso de esta asamblearia confusión entre las desventuras de la infanta Cristina, las de su marido, e incluso las de su padre, con el futuro de una institución clave de nuestro ordenamiento jurídico-político. Su funcionamiento está regulado en la Constitución y, por supuesto, transciende a las personas que la representan.

Nada tiene que ver el horizonte penal de la infanta Cristina con la pervivencia de la monarquía parlamentaria. Ya está bien de amontonar esas dos magnitudes absolutamente heterogéneas. Y eso es lo que debería decir alto y claro, cuanto antes, y mucho mejor en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno. Lo que no puede hacer don Mariano es eludir el asunto, como si le quemara. Ocurrió ayer en su rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Rajoy se limitó a recordar las generales de la ley: respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia.

Por supuesto, pero su oficio le reclama ir más allá en la gestión de la inquietud y el malestar de la ciudadanía por los escándalos de una parte de la Familia Real. Dentro de lo que cabe, estuvo mucho más explícito el Príncipe heredero. En el acto de entrega de despachos en Barcelona, don Felipe pidió a los 231 nuevos jueces que actúen con “prudencia”, “fortaleza”, “independencia”, “imparcialidad” y “respeto a la ley”. Al menos esa hoja de ruta para estos servidores del Estado, sugerida por quien está llamado a personalizar el normal funcionamiento de la Monarquía parlamentaria, nos está recordando que el Estado de Derecho funciona y que la ley debe ser igual para todos. Lo cual no es poco cuando su propia hermana, la infanta Cristina, y el marido de esta, Iñaki Urdangarin, la hija y el yerno del Rey, están bajo sospecha de comportamientos “nada ejemplares”.