lunes, 15 de abril de 2013

Fracasos productivos seriales

Dr Ricardo N Alonso
Unsa Conicet

La República Argentina en general y la provincia de Salta en particular han sido víctimas de un bombardeo ideológico ambientalista para frenar cualquier emprendimiento productivo de importancia. Ello llevó a numerosos fracasos productivos en serie. Sin embargo otros, como el reciente escándalo de Vale por Potasio Río Colorado en Mendoza, se debieron a la ineptitud política y angurria de los actores involucrados. La papelera de Botnia se hizo, a pesar del escandaloso montaje ambientalista de contaminación, desmentido por el tribunal de La Haya, simplemente porque Uruguay es un país relativamente serio. En Entre Ríos no se hubiese hecho nunca por la presión de grupos de interés disfrazados de ecologistas. Y por otras cuestiones de gobierno y apetencias que empujaron a los inversores finlandeses a cruzar el río. También fracasó el proyecto minero de Esquel; atacaron sin piedad a la central térmica de Río Turbio (con la mentira icónica de que se iban a derretir los glaciares de la cordillera); se fueron en masa a levantar polvareda en El Famatina; hicieron campaña contra el propio y legítimo uranio nacional; escracharon a Salta en todos los foros nacionales e internacionales por la construcción de gasoductos que decían iban a extinguir los últimos yaguaretés (demostrado falso) y por los desmontes en la llanura chaqueña para la soja; y a Jujuy por los cañaverales (y también por sus minas); y así sigue una lista interminable. En estos días se ve por televisión una propaganda sensiblera en la que un precioso cachorro de puma andino retrocede ante las explosiones de un frente de mina metalífera y los preocupados ambientalistas, con fines de lucro, llaman a salvar la reserva de San Guillermo. Por supuesto la reserva no tiene nada que ver con el asunto, igual que la falsa historia del yaguareté-ternero de las yungas; o como cuando hicieron una mezcla de temas con el caso de Pizarro, y tantos otros a lo largo y ancho del país. En todos los casos por la organización antinacional Greenpeace. En la década de 1980 don Roberto Romero, siendo gobernador de Salta, planteó la necesidad de que se pudiera fabricar en nuestra provincia derivados nitrogenados utilizando el gas de la cuenca salteña. Para ello creó el proyecto Fertinoa y lo puso a cargo a su entonces secretario de Minería y Recursos Energéticos el geólogo Dr. Mario A. Raskovsky. Para entonces el gas era de Gas del Estado y el petróleo de YPF y por lo tanto desde Salta era poco lo que se podía hacer. Recuerdo, por haber colaborado con Raskovsky, quien fue mi profesor en la Universidad Nacional de Salta, los viajes que este hacía a Buenos Aires tratando de convencer a los burócratas del puerto sobre la importancia y la necesidad de ese proyecto para el norte. Significaba la producción de fertilizantes para un país con una matriz esencialmente agrícola y ganadera. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos esenciales en los cultivos. La Argentina es deficitaria en los tres, es más no produce ninguno y los importa a todos. Para colmo de males, un proyecto de 8 mil millones de dólares en Mendoza, para la producción de potasio, a cargo de la empresa brasileña Vale, fue echado por las pésimas políticas provinciales y nacionales que tienen que ver con la inseguridad jurídica, el cepo al dólar, las restricciones cambiarias y mil temas más. Quedaron 6.500 personas de carne y hueso en la calle. Y se evaporó una posibilidad real de desarrollo. Antes fue también en Mendoza el proyecto San Jorge, y más antes aún la prohibición minera del gobernador “no positivo” Cobos. Y así seguimos. De qué nos vale tener la famosa formación Vaca Muerta y su shale-gas si no tenemos ni el capital, ni la tecnología, ni la capacidad para explotarla. O la mina de potasio de Malarge, a la que una diputada propuso explotarla ­con la venta de un bono solidario! (patético). Volviendo a Salta me tocó, siendo secretario de Minería del gobierno del Dr. Juan Carlos Romero, lidiar con el tema de una mina de cobre que se iba a desarrollar en el municipio de Río Piedras. Grupos ambientalistas foráneos vinieron a soliviantar a la gente en Metán en contra de la minera. Con flagrantes mentiras de contaminación inexistente. Recientemente el actual gobierno del Dr. Juan Manuel Urtubey impulsó un emprendimiento de fabricación de nitrogenados también en el municipio de Río Piedras. Otra vez eclosionaron los grupos ambientalistas para atacar con cualquier falacia dicho desarrollo: una industria con gas salteño de las regalías salteñas. El proyecto, hasta donde se sabe, está parado. En el mientras tanto, el presidente de Bolivia Evo Morales firmó con la multinacional coreana Samsung una adjudicación de 843.911.998,85 dólares para la construcción de una planta industrial que será edificada en la región de Bulo Bulo, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. Según el diario Jornada (La Paz, 19/11/12), la Planta de Amoníaco y Urea en 20 años generará divisas para el país por aproximadamente US$ 8.693 millones por la exportación de urea granulada a naciones limítrofes. ¿Adivine a cuáles naciones limítrofes se refiere? O sea que mientras en Salta se frena un proyecto similar, pero de mucha menor envergadura (50 millones de dólares) para producir nitrogenados salteños para el mercado local y nacional, los bolivianos nos sacan ventaja por veinte. Precisamente estudios realizados por la empresa inglesa British Sulphur Consultants (CRU) y las compañías SVI Marketing y Wood McKenzie sobre la monetización del gas natural y el mercado de amoniaco y urea en Latinoamérica, reflejan un déficit de producción de urea en los mercados del Cono Sur y la demanda insatisfecha de la región es cubierta por importaciones de Rusia y Ucrania, principalmente. Este era el sueño de don Roberto con Fertinoa, satisfacer la demanda de esos productos para el país y en aquella época con la cantidad de gas que tenía Salta (­y se venteaba!), se podría haber pensado en un importante saldo exportable. Sirva esta corta reflexión para tomar en cuenta la cantidad de proyectos productivos, serios e importantes, que se encaran en el país y que son boicoteados por acciones disfrazadas de protectoras del medio ambiente o víctimas de malas políticas provinciales o nacionales. Dentro de la ley, el Estado tiene que actuar enérgicamente en defensa de los emprendimientos productivos que traigan trabajo y riqueza para una región.

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