Los abogados de Madrid se buscan a sí mismos en las urnas

                                               Anronio Casado Alonso

 AL GRANO

17/12/2012TAGS

El Colegio de Abogados de Madrid (65.000 profesionales en ejercicio) necesita una sacudida si no quiere seguir en el armario de la irrelevancia ante la sociedad. Eso se juega en las elecciones de mañana (Ver "El disputado voto del señor abogado", de Carlos Hernaz). La primera pista nos la dará la cifra de participación. Si no se supera el penoso 10% de afluencia habitual a las urnas, será secundario saber luego cuál de las doce candidaturas obtiene el respaldo necesario para ocuparse de la Junta de Gobierno del Colegio durante los próximos cinco años.

Los abogados no conforman un poder del Estado, como los jueces, pero son imprescindibles en la aplicación del principio de la tutela judicial a través del derecho de defensa proclamado en la Constitución. Sin embargo, en estos últimos años la presencia de la abogacía en los grandes latidos del país ha estado muy por debajo de lo que le corresponde por su papel central en los procedimientos judiciales. Es significativo y desalentador oír por boca de muchos profesionales que, por desgracia, el Colegio de Abogados es una entidad corporativa venida a menos, “que no cuenta nada” y que “solo sirve para las venias y la atención médica”.

De ahí que sería persistir en el adocenamiento lo que no venga a recuperar el peso perdido y dignificar el ejercicio de la abogacía, tan ninguneado en el trabajo diario de los juzgados. De ese estado de ánimo de unos abogados en horas bajas se desprende también la necesidad de que la Junta de Gobierno que ha de salir de las urnas cubra las evidentes necesidades de arropamiento colegial que sienten no precisamente quienes pertenecen a los grandes despachos, que son en sí mismos focos de influencia, sino esos profesionales de a pie que tienen que bracear cada día para hacer su trabajo entre dificultades materiales sin cuento. Y a veces inmateriales, como cuando el Ejecutivo dificulta más o menos conscientemente el llamado turno de oficio, que es una forma de dejar indefenso a un ciudadano a la hora de aplicar el principio de justicia para todos (tutela judicial efectiva).

Todo eso pasa también, por supuesto, por afrontar esas tareas de modernización, formación y apertura que tiene pendientes el Colegio de Abogados de Madrid, cuyo decano en funciones y candidato a repetir, Antonio Hernández Gil, no acaba de valorar, a juzgar por sus recientes declaraciones, en las que dice, por ejemplo: “Que me digan qué más se puede hacer”. Ayer mismo, en un artículo de prensa, prácticamente venía a dar la razón a su principal adversario en las elecciones de mañana, Javier Cremades, al reconocer que “es cierto que la abogacía hoy no tiene el peso social que debería para contribuir a vertebrar la sociedad civil, aunque los abogados tengamos la competencia para abordar situaciones complejas y la imaginación entrenada para diseñar las instituciones que nos fallan”.

Ahí están las claves de la pugna electoral que se va a ventilar entre los dos candidatos mencionados: uno en línea conservadora, al que apoyan los grandes despachos capaces de movilizar el voto de sus abogados, y otro con firmes propuestas de cambio y la intención de recuperar el prestigio perdido por una institución fundada hace cuatrocientos años.