Castellano para ricos en la enseñanza pública catalana

                                             Antonio Casado

                                                   AL GRANO

                                              EL CONFIDENCIAL

Le siguen cayendo chuzos de punta al ministro de Educación, José Ignacio Wert, y su controvertido borrador, que está resultando de lo más versátil a juzgar por las alteraciones sobrevenidas y las perlas inesperadas en los márgenes del texto. Una de ellas es que un padre puede llevar a su hijo a estudiar en castellano en un colegio de pago y luego pasarle la factura a la Generalitat. Valiente tontería, con perdón.

El Gobierno está para cumplir y hacer cumplir la Constitución, y las sentencias de los altos tribunales, que también obligan a la Generalitat, como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría recordó al terminar el Consejo de Ministros del viernes pasado. Pero sin castigar a las familias, que no tienen ninguna culpa del contencioso político y legal que enfrenta al Gobierno de la Nación con esta comunidad autónoma por cuenta de la condición de lengua vehicular del castellano, junto al catalán, sin que esta deje de ser el “centro de gravedad” del modelo, según la doctrina vigente del Tribunal Constitucional.

Wert acierta en el cumplimiento de las sentencias de los altos tribunales sobre el uso del castellano en la escuela pública catalana pero patina en su aplicación

Esa idea luminosa –antífrasis al canto-, aparece en la disposición adicional número 38 del anteproyecto. Los padres podrán optar por “escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la Administración educativa sufragar los gastos de escolarización”. Los responsables del Ministerio de Educación han aclarado que en ese caso las familias adelantarían el coste de la enseñanza en castellano de sus hijos, si así lo han decidido con todo el derecho, cuando en su entorno habitacional no exista oferta en el ciclo obligatorio del sistema público.

O sea, las familias corren con todos los gastos al llevar a sus hijos a uno de los escasos colegios que ofrecen enseñanza en castellano en Cataluña. Por cierto, bastante caros. Y luego, a esperar que les reembolsen el dinero adelantado. O a pleitear con la Generalitat en los tribunales ¿Pero cuántas familias catalanas cree el ministro Wert que andan tan sobradas de recursos como para jugárselos en el empeño de que sus hijos estudien en castellano? Las habrá, seguro que las habrá. Pero me temo que no serán precisamente las más necesitadas desde el punto de vista económico. Curiosa forma de fomentar el elitismo.

Una vez más, insisto en que Wert acierta en el cumplimiento de las sentencias de los altos tribunales sobre el uso del castellano en la escuela pública catalana, pero patina en su aplicación. De la referida disposición adicional 38 se infiere un castellano para ricos en el ciclo obligatorio de la enseñanza. Y aquí se le vuelve a ver el plumero al ministro.

El plumero de sus ideas, se entiende, plasmadas en un modelo educativo para España en el que, mire usted por donde, tienen puestas sus complacencias los sectores más reticentes con la escuela pública. O, por decirlo de otro modo, los defensores de la enseñanza privada, incluida la financiada con dinero público en régimen de concierto. En el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa salen igualmente muy airosas las tesis de la Iglesia Católica sobre la educación religiosa de los niños españoles, con equiparable alternativa reservada a una asignatura de Ética.